Las ITV nacen de la necesidad de adaptar la legislación española a la legislación comunitaria en lo referente a las inspecciones técnicas de vehículos.Muchos la consideramos únicamente como otro “sacacuartos” y nada más. En el año 1987 la ITV se hizo obligatoria para todos los vehículos. Con la trama de las estaciones de ITV destapada en Cataluña y otros casos similares en el resto de España se ha comprobado que el sistema de concesión administrativa de ITVs, ha funcionado de forma muy poco eficiente. Por no decir desastrosa.
Su gestión se fue descentralizando y día de hoy cada comunidad autónoma se ocupa por separado de gestionar. Otra gran “ventaja” para el consumidor que le aporta el eterno “café para todos”. La cesión a las comunidades autónomas por motivos políticos está convirtiendo a este servicio público en un negocio más que terminará cayendo definitivamente bajo las garras de las empresas privadas más cercanas al poder político y que suelen ser las más potentes y con mejores relaciones institucionales. Dejando un beneficio económico para el Estado residual y privándonos a los españoles de otros ingresos extras que se podrían destinar a sanidad, educación, etc…, pero al sistema económico liberal imperante, no le gusta mucho eso de las empresas públicas y que estas sean propiedad de todos los españoles para su beneficio. En lugar de ser un puñado de empresas concesionarias las que se repartan el botín. Eso de las empresas públicas es cosa de “rojos” y está muy mal visto. Miren a Francia o Alemania y verán que listos son. Digan los partidos políticos españoles lo que digan al respecto.
A finales de Julio de este año, el presidente de la asociación murciana de consumidores y usuarios (Consumur), Roberto Barceló, emitió un comunicado en el que declaró que «la liberalización de las ITV en la Región, como se está produciendo en otras Comunidades, es una muestra más del proceso imparable de privatización al que estamos asistiendo en sectores productivos básicos que requieren de una estabilidad de sus tasasy una garantía de servicios que eviten su mercantilización sobre una guerra de precios».
Con el inicio del año desapareció de nuestras ITVs y de la legislación mediante modificación por real decreto, el principio de incompatibilidad que IMPEDÍA a multitud de empresas como concesionarios, grandes cadenas de talleres, etc, participar en la explotación de las ITVs, ya que estaba un poquito feo eso de que "inspeccionara" uno mismo su vehículo sin un control efectivo de la administración estatal. Consumur aseguraba que la aprobación definitiva del proyecto de Decreto supondría «consecuencias negativas para consumidores y usuarios», y que la calidad y las tarifas del servicio podrían verse alteradas con la aplicación del Decreto Regional, por lo que defendió las paradas de las estaciones murcianas en protesta. La organización solicitaba por tanto,mantener «un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial de los ciudadanos», y considera que su regulación no debe dejarse en manos privadas.
Desde AECA-ITV (la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos) ya se rasgaban las vestiduras ante una medida que iba a contracorriente con el sentido que debe tener la inspección técnica de un vehículo, ya que se prentende dejar en manos privadas “una función pública soberana” bajo un modelo de gestión privada que al parecer se está copiando de otras partes Europa y América Latina.
La pregunta sería entonces, ¿pero la ITV no estaba privatizada desde hace muchos años?. Pues sí. La mayoría de las estaciones de servicio de pertenecen ya en su grandísima mayoría a empresas privadas en colaboración con el Estado: Itevelesa, SGS, Applus y algunas más. Empresas estas, asociadas a la AECA-ITV y a nadie le gusta que venga otro a meter la mano en su feudo. Así que ni la propia AECA-ITV defiende seriamente el principio de "función pública soberana" que manifiesta, bajo los principios que deben de darse.
ITV habrá en Totana pero que nadie se crea ese bonito argumento de fuerza de que la privatización conllevará mayor competitividad y por tanto un descenso de los precios y que generará más puestos de trabajo. A las eléctricas me remito por ejemplo, toda gestión por teléfono, sin oficinas físicas ni personal, ¿y tarifas?, las que les vienen en gana porque las acuerdan al crearse grandes monopolios en la sombra y eliminar así el concepto de competencia de la que nos podríamos beneficiar. No seamos inocentes.
Los usuarios extremeños, que tenía las inspecciones más baratas de España, ya han visto cómo dos estaciones han pasado de la gestión pública (Gpex) a la privada (Vega Baja) y han aumentado sus tarifas entre 5 y 10 euros.
En definitiva, y como manifiestan desde la AECA-ITV, la liberalización del sector consiste en poner al lobo a cuidar de las ovejas, ya que en un mismo taller podrán hacerte la inspección y hacerte los arreglos “necesarios”. Pues para eso, ya se quedan ellos con las "ovejas". Las mismas ovejas que ahora se quieren repartir entre algunos más y es en ese reparto, es donde los partidos políticos no se ponen de acuerdo y tenemos servida la polémica.
Los afectados por la falta real de servicio y los que tienen que desplazarse cientos de kilómetros para “cumplir con la patria”, o ya sabemos el resultado si nos “pillan” sin la ITV pasada, somos los de siempre, las “ovejas”. Y el culpable directo de esto, es nuestro Estado por dejación de sus funciones por intereses políticos y el fomento de negocios privados que se nos escapan de nuestro entendimiento la mayoría de las veces. Porque al final la intención está clara, que todo ramo de negocio productivo y público rentable, caiga en manos privadas según la línea político-económica imperante.
